Aumenta el odio a la discapacidad: más delitos que perseguir y menos barreras para denunciar

CERMI Andalucía acuerda con el presidente de la Junta negociar la mejora en la financiación de los centros para personas con discapacidad gestionados por las entidades sociales
22/07/2021
PREDIF solicita la gratuidad de las autopistas de peaje para las personas con discapacidad
04/08/2021
03/08/2021

(Fuente: RTVE.es. POR JESSICA MARTÍN) En un contexto de caída de denuncias por delitos de odio como consecuencia de la pandemia, un dato facilitado recientemente por el Ministerio del Interior resulta alarmante: en 2020, el colectivo que forman las personas con discapacidad reportó a las autoridades un 69,2 % más de infracciones penales basadas en el desprecio y la discriminación que el año anterior. Esta cifra, mientras el total de casos registrados disminuyó un 17,9 % debido al confinamiento y las restricciones sanitarias, lleva a preguntarse qué hay detrás de ese inusual repunte estadístico y qué situaciones delictivas son las que se están registrando. 

La Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio no ha llevado a cabo todavía un estudio profundo sobre esta cifra que recoge su último informe y sus responsables han explicado a los medios de comunicación que los datos son, de momento, unas cifras brutas que habrá que analizar.

Mientras esto ocurre, RTVE.es ha tratado de aproximarse a la realidad que hay tras los datos de la mano de algunas confederaciones y entidades de apoyo a personas con discapacidad. Sus portavoces coinciden en que no hay un factor único en la raíz del problema, sino que son varias las circunstancias que confluyen en unas estadísticas que consideran «preocupantes».

Un 69,2 % más de denuncias respecto a 2019

Lo primero que conviene tener en cuenta es que el porcentaje de aumento de denuncias, casi un 70 %, parte de unas cifras bajas, de forma que cualquier variación en los números, por pequeño que fuera, ya supondría un cambio significativo en la estadística. Concretamente, fueron 26 los casos de delitos de odio hacia personas con discapacidad los registrados en 2019 y 44 los contabilizados en 2020, mientras que en otros ámbitos las cifras son más altas y la variación es menor, como ocurre con el racismo y la xenofobia, que registró 515 casos en 2019 y 485 en 2020 (un 5,8 % menos).

Esto no quiere decir que haya que restar importancia a los hechos. Sobre todo, porque, a diferencia de lo que ocurrió con otros grupos, el confinamiento y las restricciones por la pandemia no impidieron que hubiera más personas con discapacidad sufriendo delitos de odio, y esto es algo que obliga a plantearse en qué está fallando la sociedad en relación con el colectivo.

“Nosotros lo vemos con especial preocupación porque entendemos que justamente las personas más vulnerables de la sociedad son las que pueden llegar a ser más afectadas por los delitos de odio. (…) Nos parece muy importante transmitir el mensaje de lo importante que es protegerles con legislación, incluso de tipo penal antidiscriminatoria. Hay que atajar esta cuestión”, subraya Gregorio Saravia, delegado de Derechos Humanos y para la Convención del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

Si bien precisa que hay una multiplicidad de factores en el fondo de las cifras, afirma que son numerosas las situaciones recientes en las que se identifican vejaciones e insultos hacia personas con discapacidad y, en algunos casos, también detectan agresiones de tipo físico.

Casos recientes detectados por las entidades de apoyo

Según avanzaba Saravia, el CERMI ha decidido ejercer como acción popular en el proceso penal por el reciente homicidio de Isaac López, el joven madrileño con síndrome de Asperger que fue apuñalado el 14 de julio en la capital, para que, si se determina finalmente que hubo un delito de odio por discapacidad, se castigue “lo más severamente posible”.

Junto a ese, otro caso reciente que mencionan algunas asociaciones es el de una mujer que el pasado 2 de mayo fue agredida en el Parque Warner de Madrid después de que un hombre insultara a su hijo de 11, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), por pasar por la fila para personas con discapacidad en una atracción. El agresor se refirió al menor como “mongolito” o “subnormal” y llegó a golpear a su madre, cuando ésta salió en defensa de su hijo.

Según las estadísticas de Interior, la mayoría de delitos de odio se producen en la calle (511 casos de los 1.401 registrados en total, en 2020), pero también es frecuente que el desprecio se infiltre en internet y en las redes sociales. 

De hecho, la semana pasada, CERMI denunció ante la Oficina Nacional de Lucha contra los Delitos de Odio una campaña que se está desarrollando en la red social Tik Tok en la que los usuarios fingen por diversión encontrarse en situaciones sociales de necesidad como justifiación para recibir una ayuda. 

«Muchas de estas situaciones fingidas utilizan la discapacidad como elemento que inspira pena o conmiseración, caricaturizando de modo hiriente a las personas con discapacidad, de las que se proyecta una imagen lastimosa y ofensiva, contraria al respeto que merece la dignidad inherente a todo ser humano», argumentan desde CERMI..

Casos como estos podrían estar ligados, dicen, al clima general de crispación e intolerancia que se vive en el presente, una realidad que desde las entidades piden frenar cuanto antes en beneficio de todos:

«Últimamente se están radicalizando los mensajes, hay un clima que favorece el odio y la intolerancia. Nos olvidamos de las personas (…) Es imprescindible pedir también que se rebaje el tono político, muchas veces haciendo referencia a cuestiones sobre colectivos vulnerables. No pueden ser armas arrojadizas que se utilicen para otro tipo de cuestiones», sostiene el director general de Plena Inclusión Madrid, Javier Luengo.

Los incidentes de odio registrados durante el confinamiento

Otro factor que ha podido influir en el aumento de denuncias de delitos de odio hacia personas con discapacidad tiene que ver con la situación que vivieron las personas diagnosticadas con Trastorno del Espectro del Autista durante el confinamiento general de 2020, cuando el Gobierno aceptó flexibilizar tanto las salidas a la calle como el uso de mascarilla por necesidades específicas. 

«Como estábamos confinados en casa y ellos podían salir a la calle acompañados de un familiar, crecieron muchísimo los delitos de odio. Se les insultaba por la calle e incluso se les agredía. Nuestras familias tuvieron que denunciar mucho porque continuamente estaban sufriendo agresiones», explica Raquel Valle, responsable de Derechos de Autismo España. 

En esa confederación, que representa a 145 entidades que prestan apoyos y servicios especializados a las personas con TEA, ven con claridad que aquellos casos han sido determinantes en las estadísticas, aunque aseguran que los delitos de odio son un problema demasiado extendido que les sigue preocupando a día de hoy. 

«Si aflorasen todos los casos, las cifras se incrementarían mucho más porque la gran mayoría no da el paso de denunciarlo. Todas las semanas nos llegan discriminaciones, que a veces son delitos de odio y otras veces imposibilidad de las personas para acceder a sus derechos», agrega Valle, que apunta que el 63 % de niños con TEA sufren acoso escolar en sus centros educativos.

Si además de TEA padecen alguna discapacidad intelectual, el acoso escolar se sufre en un 83 % de los casos, y ante esto, lo que se necesita es más formación y sensibilización.

¿Hay más delitos de odio o se detectan más los incidentes?

Precisamente, una de las dudas planteadas a las entidades para este análisis es si ha podido influir en el aumento de denuncias una mayor concienciación y sensibilización por parte de las víctimas a la hora de dar cuenta a las autoridades de lo ocurrido o si, sencillamente, está proliferando el odio.

«Creo que las dos cosas conviven. Sí hay una subida generalizada que se va percibiendo a lo largo de los años, pero desde el ámbito de las entidades de discapacidad veníamos alertando también de que había más delitos de odio que no salían a la luz porque muchas veces las personas con discapacidad encuentran barreras importantes y dificultades para acceder a mecanismos legales y judiciales. Esas barreras se están rompiendo, superando, y eso se traduce en un mayor número de personas que denuncian a día de hoy», sostiene Luengo. 

Desde la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), explican que en los últimos dos años se ha trabajado mucho tanto por parte de las entidades como por parte del Ministerio del Interior para establecer protocolos y mecanismos que destaparan los delitos de odio que sufre este colectivo.

«Ha habido mucho delito de odio en el armario y mucha agresión e intimidación también. Un cambio básico que se ha producido en los últimos años es la formación a los cuerpos de seguridad para que sean capaces de detectar estos casos y también la orientación a las víctimas para que sepan detectarlo», explica Daniel Aníbal García, secretario de Finanzas de COCEMFE.

Tal y como mencionan desde esta confederación, Interior ha elaborado recientemente dos guías prácticas para mejorar la persecución de los delitos de odio contra este colectivo mediante manuales que, entre otras cosas, recomiendan a policías y guardias civiles evitar el lenguaje técnico o complicado ante casos que afecten a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

También se ha apostado por adaptar el entorno policial en el que se sustancia la denuncia y eliminar elementos estresantes para la víctima, así como usar documentos de lectura fácil cuando se les proporcione cualquier información para facilitar la presentación de la denuncia.

Según Luengo, este otro factor no debe restar intensidad al asunto principal. Si hay un aumento de denuncias es, a fin de cuentas, porque el problema persiste y porque hay personas sufriendo discriminación de manera injusta: «Quienes actúan como agresores tienen una conciencia de que una persona con discapacidad no es un ciudadano con pleno derecho. De ahí nace en muchas ocasiones el abuso y la violencia. Eso hay que cambiarlo».

La importancia de las palabras para mejorar la inclusión

Por otro lado, las asociaciones de apoyo a personas con discapacidad también continúan luchando para erradicar algunas inercias negativas que llevan décadas arraigadas en la sociedad, como la participación de personas con enanismo en fiestas sociales o eventos taurinos. Si bien la pandemia ha frenado este tipo de espectáculos, desde CERMI señalan que siguen trabajando para terminar con esa forma de «discriminación» de forma definitiva.

Del mismo modo, las entidades insisten en la necesidad de cuidar el lenguaje cotidiano para mejorar la inclusión del colectivo y reducir así las posibilidades de que se produzcan nuevos delitos de odio.

«Es fundamental subrayar una y otra vez que en la designación del movimiento social de personas con discapcidad no hay que hablar ni de minusválidos ni de disminuidos, como lamentablemente aún está escrito en la Constitución Española, en el Articulo 49. Ni siquiera debemos hablar solo de discapacitados, porque primero es persona y luego tiene una discapacidad, pero decir discapacitado es confundir una situación de la persona con la identidad de la misma (…) Las palabras tienen poder, con las palabras construimos los significados sociales«, defiende Saravia.

CODISA
CODISA
Confederación de Entidades de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Andalucía | Más de 24.500 beneficiarios/as

1 Comments

  1. […] Por su parte, CERMI, la plataforma estatal de la discapacidad, ya ha puesto en conocimiento de la Fiscalía de Discapacidad y de las Oficinas de Delitos Digitales y de la de Delitos de Odio del Ministerio del Interior estos hechos para que determinen si hay en ellos elementos que infrinjan la legalidad y se proceda a la sanción … […]

Deja una respuesta

Campus